Mientras el nivel de represión en las cárceles de mujeres aumenta y, paradójicamente, la influencia de los regímenes de las prisiones del país va disminuyendo, el abuso sexual —que, como la violencia doméstica, es hasta ahora otra de las dimensiones del castigo privatizado contra las mujeres— se ha convertido en un componente del castigo institucionalizado tras los muros de las prisiones. Aunque el abuso sexual guardia-presa no se sanciona como tal, la indulgencia general con la que se trata a los guardias que abusan sexualmente de las presas sugiere que, para las mujeres, la prisión es un espacio en el que la amenaza de la violencia sexualizada, que en la sociedad en general es castigada de forma más eficaz, supone un aspecto rutinario del conjunto de castigos que se infligen tras los muros de las cárceles.